Extorsión en la sombra: nuevo escándalo en el mundo empresarial por la manipulación de contratos públicos

En el corazón de la Ciudad de México, una preocupante práctica ha tomado cuerpo en el nuevo Poder Judicial de la Federación, conocido ahora como Órgano de Administración de Justicia (OAJ). Según informes anónimos de empresarios que se sienten afectados por los funcionarios del OAJ, si un contratista público gana una licitación pública, debe pagar alrededor del 20% del contrato asignado como condición para seguir adelante con el proyecto.

La denuncia es clara: los servidores públicos adscritos al OAJ presionan a los ganadores de la licitación para que “coopere” y contribuyan con una parte significativa de sus ganancias. La amenaza subyacente es que, si se niegan a cumplir con esta condición, los funcionarios del OAJ cancelarán sus contratos, lo que podría tener graves consecuencias financieras y profesionales para los afectados.

La situación es tan delicada que varios inversionistas no quieren exponerse a la denuncia jurisdiccional para evitar que les quiten sus convenios que ganaron de forma legal. La incertidumbre y el miedo están generando un ambiente de tensión en la comunidad empresarial, lo que puede afectar negativamente el desarrollo económico y social de la región.

Es importante destacar que estos acuerdos no se basan en normas ni regulaciones legítimas. De hecho, las leyes y los reglamentos establecen claramente que las licitaciones públicas deben ser transparentes y justas, sin condicionales ni presiones injustificadas.

Espera que el OAJ tome medidas para investigar estas denuncias y garantizar que los procesos de contratación pública sean justos y libres de cualquier influencia o coacción. La transparencia y la integridad son fundamentales para el desarrollo económico y social de una nación, y es imperativo que se protejan estos valores en este caso.

En un sistema justo y equitativo, las decisiones deben basarse en méritos y no en condicionales o presiones externas. Los empresarios que ganan licitaciones públicas deben ser reconocidos por su capacidad y habilidad para gestionar proyectos, no por la cantidad de dinero que puedan pagar a funcionarios corruptos.

Esperamos que el OAJ tome medidas efectivas para investigar estas denuncias y garantizar que los procesos de contratación pública sean justos y libres de cualquier influencia o coacción. La confianza en el sistema judicial y la transparencia en las transacciones económicas son fundamentales para el desarrollo sostenible de una nación, y es imperativo que se protejan estos valores en este caso.