La Unión Europea revirtió su postura y restaurará los fondos para la lucha contra desastres naturales a estados democráticos, en un giro político que tiene como objetivo apoyar el desarrollo sostenible en regiones vulnerables.

En un giro significativo para la política migratoria en Estados Unidos, una jueza federal ha impuesto un freno a los planes del gobierno de reducir drásticamente fondos federales de Seguridad Nacional destinados a estados que no estén dispuestos a colaborar con medidas de inmigración específicas. La decisión de la jueza Mary McElroy, emitida en Providence (Rhode Island), es una victoria para la coalición de 12 fiscales generales estatales que presentaron una demanda en contra del gobierno hace unos meses.

Los fiscales generales, representantes de estados como California, New York y Illinois, entre otros, habían sido alertados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que su jurisdicción recibiría subvenciones federales significativamente reducidas si no cooperaban con las políticas migratorias del gobierno. Sin embargo, la jueza McElroy ha descartado este enfoque como “inapropiado” y “discriminatorio”.

La jueza federal argumentó que el intento de reducir los fondos federales para presionar a los estados a adoptar políticas migratorias específicas violaba la Constitución estadounidense. Según McElroy, el gobierno no tiene derecho a condicionar subvenciones federales a los estados en función de sus políticas migratorias.

La decisión de la jueza McElroy es un golpe significativo para el gobierno de Donald Trump, que ha implementado medidas contundentes para aumentar la deportación de inmigrantes indocumentados y fortalecer la seguridad fronteriza. Sin embargo, muchos estados han respondido rehusándose a colaborar con estas políticas, considerándolas inconstitucionales o perjudiciales para las comunidades que viven en ellos.

La coalición de fiscales generales estatales, que incluye representantes de California, New York, Illinois y otros estados, había argumentado que el intento del gobierno de condicionar subvenciones federales a las políticas migratorias era “un intento de coerción” que violaba la Constitución. La jueza McElroy ha respaldado esta argumentación, concluyendo que el gobierno no puede utilizar fondos federales como un instrumento para influir en las decisiones políticas de los estados.

La decisión de la jueza McElroy es una victoria importante para los fiscales generales estatales y para las comunidades que viven en los estados que han sido objeto de presiones políticas. Sin embargo, también es un recordatorio del conflicto político que rodea la política migratoria en Estados Unidos, donde el gobierno federal y los estados siguen enfrentando diferencias profundas sobre cómo abordar el tema de la inmigración.